A la comunidad politécnica:
La razón esencial de la existencia del INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (IPN) está plasmada en el artículo 1 de la Ley Orgánica, que dice: “El IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
El Nuevo Reglamento General de Estudios, aprobado de manera tramposa y autoritaria por el Consejo General Consultivo, contraviene a todas luces la máxima ley de esta casa de estudios, es decir, la Ley Orgánica, ya que en ningún momento se reivindica el hecho de que el IPN se fundó buscando una solución a los problemas de la sociedad mexicana, es decir, como una institución pública y gratuita, dirigida a los hijos de los trabajadores, cuyo objetivo es formar a los profesionistas que impulsen el progreso social del país. Esta nueva legislación (REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS, RGE) busca que se terminen de enterrar esos “objetivos históricos de la Revolución Mexicana”, convirtiendo a los conocimientos impartidos por esta institución en servicios que deben pagarse, es decir, en mercancías, violando de esta forma el Art. 5 de la Ley Orgánica, donde se dicta que la educación que brinda este Instituto debe ser GRATUITA. El nuevo reglamento abre paso a la privatización del Politécnico.
Si bien las autoridades del IPN, en su afán de evadir las críticas opositoras a esta nueva legislación, se han encargado de llevar a cabo una campaña mediática muy fuerte, a través de cartelones, volantes, videos, entrevistas en televisión, etc., en los cuales se vanaglorian de su “democracia”, porque insisten en haber efectuado una consulta “inédita”, para la comunidad politécnica es muy claro que lo anterior es una absoluta MENTIRA. El nuevo reglamento es una imposición; en primer lugar, al haber ignorado los argumentos propuestos por la comunidad, pues hubo varias propuestas respaldadas por casi 3000 alumnos que no se tomaron en cuenta, como es el caso de los documentos con firmas anexas que se entregaron por parte de la ESIA Zacatenco, la ESE, la Escuela Nacional de Homeopatía y la ESFM, donde se exigía la eliminación de varias cuestiones irregulares dentro del Reglamento, como el hecho de que existan los “servicios educativos complementarios”. Manteniendo una actitud autista, las autoridades ignoraron estas opiniones, falseando así la democracia que ostentan de manera cínica. En segundo lugar, porque la mayoría de la comunidad no conoce ni las versiones preliminares ni el propio reglamento aprobado. Miles de cuadernillos no se repartieron, sino que fueron retenidos por los directivos, y en muchos casos se utilizaron tácticas sucias como obligar a estudiantes, sobre todo de vocacional, a firmar el reglamento como requisito de inscripción al semestre. En tercer lugar, la aprobación del RGE es una imposición porque contiene elementos que nunca fueron presentados a la comunidad, como el famoso artículo 52, que constituye no sólo una imposición sino un ataque artero a los estudiantes y con el cual nunca hubiéramos estado de acuerdo.
Los estudiantes del Politécnico hoy manifestamos que este reglamento es una versión reciclada del que se pretendió aprobar en 2006, que incluía entre otras cosas la exigencia de obtener una calificación mínima de 8 para aprobar cada materia y la introducción de la figura del “profesional asociado” como opción de titulación. Este reglamento, que fue rechazado masivamente por los politécnicos, ahora se pretende aprobar bajo una versión distinta. En cada cuadernillo las autoridades han ido quitando artículos, buscando ocultar las mismas intenciones que tenían desde 2006, es decir, imponer mecanismos para que los estudiantes no terminen su vocacional o sus carreras, y que al final se vean orillados a optar por una salida lateral. Además, su intención es convertir al IPN en un gran negocio, al legalizar los cobros por cursos, talleres, idiomas, constancias, boletas, materias virtuales, etc.
En los volantes que están repartiendo, y cuyo gasto efectuado para la impresión de tales podría ocuparse para equipar algún laboratorio escolar, se habla de las supuestas bondades que trae este reglamento, como lo es cursar la carrera de acuerdo a las necesidades individuales de cada alumno, presumiendo la eliminación de los dictámenes y materias desfasadas. Lo que las autoridades nunca van a mencionar son las desventajas que trae consigo este Nuevo Reglamento, las cuales denunciamos a continuación:
1) El reglamento es obligatorio y de observancia general (art. 1, 1º y 3º transitorios). Es falso que se pueda “escoger entre reglamentos”, como han repetido los directores de nuestras escuelas.
2) El RGE introduce el Nuevo Modelo Educativo, que durante años hemos rechazado por ser la forma en la que se buscan reducir costos por estudiante y por profesor. Al introducir la movilidad, la flexibilidad, los tutores, los ambientes de aprendizaje, la modalidad virtual, etc, se busca que haya cada vez menos estudiantes en las escuelas, cubriendo la demanda educativa con “clases virtuales” o con materias que se impartan en otras universidades, públicas o privadas. Además, la figura del profesor se vuelve la de tutor, que no es un maestro en cuanto tal sino un “facilitador” del aprendizaje, un mero asesor ocasional, sin la obligación de impartir una clase.
3) El RGE introduce las figuras de “usuario” y “servicios educativos complementarios” (art. 3,5,7), que no aparecen en ninguna otra legislación del Politécnico, y en tanto que el usuario no es un alumno, y la educación que recibe es un servicio, no es sujeto de educación gratuita. Con esto se legalizan los cobros por talleres, cursos, idiomas, diplomados, etc, que ascienden, de acuerdo a la propia Gaceta Politécnica, a un costo de mil pesos por idioma y hasta 20 mil pesos por diplomado (gaceta 867, del 14 de junio de 2011).
4) El reglamento impulsa y fortalece la educación virtual, como modalidad educativa y como opción para pasar una materia. De esta manera, el instituto ya no tiene la obligación de abrir más escuelas y centros, reduciendo costos y además obteniendo dinero, puesto que las materias virtuales cuestan, según la página del “Polivirtual” (www.polivirtual.ipn.mx) $204 por materia en bachillerato y a $400 por materia en licenciatura, además de cuota de inscripción, curso propedéutico, etc. La educación en el IPN se vuelve de esta forma un gran negocio privado.
5) Las ofertas de materias están sujetas a cupo (art. 35). Con la famosa movilidad, el resultado que tendríamos es que si no hubiera cupo, la autoridad podría cubrir la demanda con educación virtual (art. 30 frac. X) o que los estudiantes tendrían que buscar cupo en otras escuelas, públicas o privadas. Incluso, estudiantes de otras universidades podrían saturar la oferta del propio IPN (art. 15, 16, 26 frac. VIII y IX)
6) El RGE condiciona la reinscripción al siguiente semestre a “no rebasar la carga media de créditos”. Reduce las oportunidades de aprobar materias, puesto que ya no se pueden “arrastrar” al siguiente semestre. Una vez agotadas las opciones de extraordinario y ETS, el estudiante debe recursar la materia (art. 48, 52). Los recursamientos están sujetos a cupo y si no puede reinscribirse, puede presentar el ETS el siguiente semestre, pero pierde dicho semestre, en tanto que no puede inscribir otras materias. Los semestres perdidos cuentan para la trayectoria escolar. Para conservar la calidad de alumno durante el semestre perdido debe participar “en acciones para la recuperación académica”, o sea que la calidad de alumno también puede perderse. (art. 52) La autoridad grita a los cuatro vientos que habrá menos dictámenes, justo porque se hace obligatorio recursar la materia reprobada. Con lo anterior se propicia que los alumnos se atrasen cada vez mas en sus materias, con lo que al final se agotará el tiempo para acabar la carrera, derivado de lo cual procede la baja del alumno (art. 57 Frac. IV). Con lo anterior, el reglamento busca empujar a los alumnos fuera de las escuelas, y tomando en cuenta que el reglamento no cancela las salidas laterales, es evidente que esa es la opción que las autoridades buscan impulsar.
7) El reglamento legaliza los cobros por constancias, boletas, certificados, títulos, etc., puesto que condiciona su emisión a los “criterios y formatos” que la autoridad establezca (art. 66). Además, los planes de estudio pueden incluir utilizar los “servicios complementarios” de manera obligatoria (art. 31 frac. XIII). Con todo lo anterior, resulta una burla que en los “Considerandos” se diga que se busca garantizar el acceso de estudiantes de escasos recursos al IPN.
8) En el reglamento se incluyen medidas que degradan el nivel académico del IPN, como la “evaluación de saberes previamente adquiridos” que permite acreditar una materia sin cursarla (art. 47). También abre paso a los troncos comunes, con lo que se pierde la especialización científica de cada carrera (art. 4 y 10). También considera las llamadas “materias electivas”, que no son pertinentes para la formación del licenciado, como por ejemplo, liderazgo, habilidades del pensamiento, lectura y redacción, etc (art. 34).
9) El reglamento establece que el incumplimiento del mismo dará lugar a “sanciones” (art. 72). También establece que todos los planes de estudio deben adecuarse al reglamento en un lapso no mayor a dos años (6º transitorio).
El Reglamento Interno del IPN en el Art. 110 marca como sanciones: el apercibimiento, amonestación escrita, suspensión de beca, de derecho a cursar alguna asignatura y causar baja temporal o definitiva de la escuela y/o del IPN, dando a entender que si no cumplimos con lo establecido y contravenimos a lo dictado en esta nueva normatividad nos veremos sancionados, de acuerdo a la resolución del Consejo Técnico Consultivo, sumándole a esto que últimamente les ha dado por criminalizar y sancionar injustificadamente a los estudiantes simplemente por rechazar sus imposiciones.
Si bien la Directora General Yoloxóchitl Bustamante Díez en su rueda de prensa dijo que éramos una minoría aquellos que nos oponíamos a la imposición del RGE, pero además de esto tacho a todos los alumnos inscritos en el IPN de pereza mental por no ser capaces de leer un documento de 22 páginas y no entender las partes “bondadosas” de dicho reglamento, ahora busca convencernos insistentemente con las supuestas facilidades para cursar una carrera a nivel medio superior o superior dentro del Instituto. Sin embargo, en ningún momento ha dado una sola respuesta a todas los cuestionamientos que se le han hecho de manera pública y escrita sobre dicho proyecto; y a través de un simulacro de consulta, (esto porque nunca se dio a conocer un balance de cuánta gente fue la que participó, en qué artículos hubo más “propuestas y críticas”, etc.), pretende legitimar esta imposición haciendo llamar a todo este procedimiento algo “inédito” en la historia de la Institución, cuya monstruosidad quiso llamar “democracia”, y de esta forma obligarnos a acatar esta legislación. A esto hay que sumar que el nuevo reglamento se aprobó y publicó en un momento en que casi ya no había estudiantes en las escuelas, ya muy cerca de vacaciones y en donde aquellos que asistían estaban ocupados en regularizar su situación escolar. De igual forma, resulta ilógico decir que una comunidad de más de 100 000 estudiantes, hayan vertido sus observaciones y críticas de 4 versiones distintas del Proyecto de Reglamento en el lapso de un año, y que las autoridades tuvieran el tiempo suficiente para leer todas y cada una de ellas, asumiendo de forma simplona que TODA la comunidad participó. Tampoco es consistente la manera en que se tomaron en cuenta estas opiniones.
Los estudiantes del IPN manifestamos que no estamos de acuerdo con una legislación que contraviene los principios de la Ley Orgánica. El IPN debe ser gratuito, en todos sus niveles y formas de educación, para todos sus estudiantes sin distinción, y debe buscar siempre otorgar a sus alumnos la mayor cantidad de oportunidades necesarias para terminar la vocacional o la licenciatura. Que quede claro: estamos en contra desde el origen con un reglamento impuesto, aprobado a hurtadillas por una autoridad temerosa de los estudiantes, que coloca en primer lugar el afán de lucro y no la educación científica y de alta calidad. El Politécnico es y será siempre de las clases populares, y los estudiantes que hoy acudimos a sus aulas no pasaremos a la historia como la generación que permitió este retroceso. Invitamos a la comunidad a sumarse a esta lucha y a seguir reivindicando el alto nivel académico que siempre nos ha distinguido.
¡Técnicos no, licenciados si! ¡Rechazo total al reglamento general! ¡Por un IPN público y gratuito!
“Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se queden sumisos ante el tirano”.
ASAMBLEA GENERAL POLITÉCNICA
“LA TECNICA AL SERVICIO POR UNA PATRIA MEJOR”
